La Accesibilidad, un principio esencial para la integración

Accesibilidad

Condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos y ciudadanas, y en especial medida las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional.

En abril de 2022 no nos sorprende que las guaguas tengan espacios reservados para personas con movilidad reducida o plataformas PMR que faciliten el acceso de sillas de ruedas (incorporadas en el 100% de nuestra flota desde hace años). Sin embargo, no está tan lejos (noviembre de 2007) el momento en el que, a través de un real decreto, se regularon las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con movilidad reducida.

Hasta este momento no existía la exigencia de accesibilidad universal y esta parte de la población no podía acceder en condiciones de igualdad al esencial servicio que es el transporte público para el desarrollo personal y profesional de aquellos ciudadanos y ciudadanas con más dificultades, y con seguridad, con más necesidades. La accesibilidad universal implica comodidad, seguridad y autonomía, y es condición indispensable para la igualdad.

La OMS estima que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Pero no sólo ellas pueden tener dificultades de movilidad, y por tanto en el acceso al transporte público. Cuando hablamos de accesibilidad contemplamos también a personas mayores, a menores, a mujeres embarazadas y a personas que tengan una lesión o incapacidad temporal, lo que eleva la cifra hasta un 40% de la población. Todos y todas nos podemos ver y con seguridad en el futuro nos veremos en esas circunstancias es un momento dado, por lo que la accesibilidad beneficia a toda la sociedad.

Garantizar un transporte accesible no se limita a que las guaguas tengan asideros, señales lumínicas y acústicas, rampas, plataformas, pasillos anchos, sino también a disponer de unos conductores y conductoras formadas en las distintas necesidades y casuísticas de las personas con movilidad reducida o con discapacidad y entrenadas en los distintos escenarios de emergencia.

El ‘Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de transporte públicos en España’, editado por el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), en 2019 dió a conocer los detalles del gran avance en lo relativo a la accesibilidad física y sensorial en el uso de los diferentes modos de transporte público, junto con los problemas de accesibilidad que aún tienen, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual.

Hasta el momento, la mayor parte de las actuaciones en lo que a accesibilidad al transporte se refiere han ido dirigidas a cubrir las necesidades concretas de las personas con discapacidad física y sensorial, si bien, como queda reflejado en el estudio, la accesibilidad cognitiva, hasta ahora apenas desarrollada, está abriéndose camino.

Pero la accesibilidad es un concepto integral y los esfuerzos deben apuntar ya no solo a garantizar el acceso y el desplazamiento, sino también el uso y la comprensión del entorno y los procesos que se desarrollan a lo largo de toda la cadena de viaje.

La accesibilidad al transporte público depende también de la accesibilidad de las infraestructuras que albergan las estaciones y paradas, de las aceras y vías que llevan hasta estos lugares; de plazas cercanas de aparcamiento que posibiliten la intermodalidad a estas personas… Es una cadena en la que si falla un eslabón la accesibilidad no existe. Y es que cuando hablamos de transporte público, la accesibilidad empieza en la puerta de casa.

Por tanto y a modo de conclusión, disponer de un Transporte Público que satisfaga las necesidades de movilidad de manera completamente accesibles para todas las personas y en especial para aquellas que por distintos motivos tengan mayores dificultades, tiene un valor socialmente estratégico clave para que no existan personas de primera y de segunda, para lograr un futuro donde las personas independientemente de donde les toque nacer o de donde puedan vivir, tengan la misma igualdad de oportunidades para vivir con dignidad y para poder acceder a los diversos recursos esenciales que debe garantizar un estado, como la sanidad, la educación, la justicia, la vivienda, el ocio, …